Opinión

Diferencias conciliables

Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI

24/10/2011

En España, hay casi cuatro millones de personas con discapacidad, un 9% de la población total. En uno de cada cinco hogares, es decir en casi 3,3 millones, hay una persona con discapacidad.

Se trata de una minoría, sí, pero muy cualificada con la que tienen una relación directa una cuarta parte de los habitantes del país. Pero más allá de los fríos datos estadísticos, ¿cuáles son las condiciones de vida y de ciudadanía de este grupo social? La verdad es que después de más de treinta años de vida democrática, la situación no es demasiado halagüeña, a pesar de los innegables avances que se han producido.

"Un potencial de talento, de creatividad, de esfuerzo y de aportación a la vida en comunidad está retenido, forzosamente ocioso, por las restricciones que la sociedad somete a la participación plena de las personas con discapacidad"

Las personas con discapacidad siguen sometidas estructuralmente a condiciones de exclusión generalizada y a intensas y permanentes discriminaciones, que las apartan del curso ordinario de la vida comunitaria. Las personas con discapacidad –y sus familias, pues esta circunstancia transciende al individuo, afectando al entorno más cercano e inmediato– siguen adoleciendo de dificultades severas para el acceso a bienes, servicios y derechos básicos, que se consideran habituales y corrientes para la población sin discapacidad. Todo esto determina menores cuotas de participación social y comunitaria, todo esto presupone un déficit de ciudadanía que hay que reparar. Un potencial de talento, de creatividad, de esfuerzo y de aportación a la vida en comunidad está retenido, forzosamente ocioso, por las restricciones que la sociedad somete a la participación plena de las personas con discapacidad.

"Las personas con discapacidad lo tienen peor, en términos de empleo, entre otras cosas, porque su legado educativo es tan inidóneo como precario"

Los factores que determinan este estado de cosas son múltiples, pero, en buena parte esta realidad tan ingrata obedece a la exclusión educativa que han soportado y soportan las personas con discapacidad. Como tantos otros entornos, el educativo también ha sido refractario a la diferencia que supone la discapacidad. Como condición de “éxito”, el sistema educativo ha tenido la de gestionar elementos humanos homologables, por lo que la diversidad (aquello que comportaba diferencia, apartarse del canon establecido de normalidad) siempre ha sido considerada, expresa o tácitamente, un elemento perturbador que introducía incertidumbre.

Esta mentalidad, imperante hasta ayer mismo, como quien dice, indujo primero a que la enseñanza fuese negada o al menos vista como no necesaria para las personas con discapacidad, y pasado un tiempo a admitirlas pero siempre que estuvieran en estructuras paralelas o, sin recurrir al eufemismo y dicho con toda crudeza, en estructuras segregadas (y segregadoras), a saber: la educación especial. Juntos pero no revueltos, era la consigna. Esta tónica histórica ha cambiado en los últimos decenios, hoy al menos el 80% del alumnado con discapacidad, en España, está en enseñanza ordinaria, es decir, con todos los niñas y niñas, aunque la efectividad y calidad de su inclusión sean más que dudosas en muchos casos.     

Esta anómala posición educativa de las personas con discapacidad, en unión de otros tantos condicionantes de iguales o peores efectos, ha hecho que las personas con discapacidad arrastren carencias formativas de importancia que los colocan en una situación de desventaja aguda y objetiva a la hora de acceder a aquellos bienes sociales, como el empleo digno y de calidad, para el que la educación es condición necesaria. Las personas con discapacidad lo tienen peor, en términos de empleo, entre otras cosas, porque su legado educativo es tan inidóneo como precario. 

"Sin empleo, las mujeres y hombres con discapacidad se colocan en posiciones de dependencia, al arbitrio de instancias ajenas al propio sujeto, y siempre en permanente peligro de marginación y exclusión sociales"

No es nada novedoso, más bien es un lugar común, afirmar que el empleo es uno de los factores preferentes de socialización y de participación regular en la vida comunitaria. Para las personas con discapacidad, la importancia del acceso al mercado de trabajo se multiplica en relación con el resto de la población, pues empleo significa, en nuestro caso, vía privilegiada de participación social. Sin una ocupación es harto difícil llevar una vida autónoma, independiente, y decidir por uno mismo. Sin empleo, las mujeres y hombres con discapacidad se colocan en posiciones de dependencia, al arbitrio de instancias ajenas al propio sujeto, y siempre en permanente peligro de marginación y exclusión sociales.

El empleo es un bien escaso y precioso para la discapacidad; en tiempos de expansión económica, y también en tiempos de crisis. Por este motivo, la acción movilizadora y transformadora del tejido social de la discapacidad se ha centrado en establecer condiciones que favorezcan el acceso regular a la ocupación por parte de este grupo de población. Hemos trabajado estos últimos años, con alguna eficacia, en tres grandes planos: la mejora del marco normativo regulador de la inclusión laboral de las personas con discapacidad; la toma activa de conciencia por la sociedad de las potencialidades laborales de estos trabajadores y la creación, a través de fórmulas de economía social, de empresas sostenibles, cuya justificación última ha sido la generación de empleo de calidad para estas personas.

"Hay cada vez más número de empresas y empresarios que por persuasión, convicción o a veces algo tan humano como la prueba (y error) han dado una oportunidad a la discapacidad"

Dentro de la toma activa de conciencia por parte de la sociedad, están las empresas y los empresarios, como los principales generadores y oferentes de empleo, para todos y también para las personas con discapacidad. Las empresas, como parte de la sociedad, se han solido comportar en relación con la discapacidad como el resto de instancias, más o menos, con desconocimiento, con indiferencia y con sospecha. Escribo en pasado porque hoy afortunadamente no es tan así. Hay cada vez más número de empresas y empresarios que por persuasión, convicción o a veces algo tan humano como la prueba (y error) han dado una oportunidad a la discapacidad. Ante la diferencia, lo otro, en el imaginario colectivo, no se han cerrado en banda, sino que han sido porosos; han visto en la diversidad un reto que los interpelaba y lo han arrostrado. El resultado en esta parte de las empresas –denominémoslas– más audaces no ha debido ser malo, antes al contrario, porque han repetido y hasta en ocasiones han hecho proselitismo ante otras.

Estos empresarios, consciente o por la vía de las evidencias que no necesitan asimilación reflexiva, han descubierto que las personas con discapacidad aportan a la sociedad y a la vida en comunidad, que su inclusión genera espirales de cambio social positivo en todos los ámbitos y espacios a los que consiguen acceder. Tienen para sí que la discapacidad es un elemento de diversidad humana que agrega valor allí donde encuentra un ámbito propicio a la apertura. Han sabido conciliar la diferencia.